Presidente de la Nación Argentina | poderes y deberes

Poderes y deberes

Juan Domingo Perón fue el presidente en asumir el gobierno con mayor edad, contando con 78 años en 1973.
Arturo Umberto Illia accedió al cargo de presidente de la Nación Argentina en un escenario de proscripción del Partido Justicialista y con alto porcentaje de voto en blanco.

Artículo 99

El presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones:

Poderes ejecutivos

El presidente es el jefe supremo de la Nación, jefe de gobierno y responsable político de la administración general del país (inciso 1), y está a la cabeza del poder ejecutivo del gobierno, cuya responsabilidad es «Expedir las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes» (inciso 2). Para llevar a cabo este deber, se le otorga el control de los cuatro millones de empleados del poder ejecutivo federal.

Al presidente le corresponde el nombramiento y remoción de varios miembros del poder ejecutivo. Embajadores (según la ley 20.957, el presidente puede designar hasta 25 embajadores de su confianza sin aprobación del Senado, que deben dejar sus funciones cuando el presidente termina su mandato), ministros plenipotenciarios, encargados de negocios, el presidente del Banco Central de la República Argentina y el procurador General de la Nación son todos designados por el presidente con el «consejo y consentimiento» de una mayoría del Senado; y por sí solo nombra y remueve a miembros del Gabinete y otros oficiales federales (inciso 7). Los nombramientos realizados mientras el Senado no está en periodo de sesiones son temporales y expiran al final de la siguiente sesión del Senado (inciso 19).

Supervisa el ejercicio de sus ministros (inciso 10) y puede pedir los informes que crea convenientes (inciso 17). Generalmente, el presidente puede cesar y llenar vacantes a los funcionarios ejecutivos a su discreción (inciso 19).

Quizás el más importante de todos los poderes presidenciales es su posición al frente de las Fuerzas Armadas argentinas como su comandante en jefe (inciso 12). Mientras que el poder de declarar la guerra corresponde constitucionalmente al Congreso (inciso 15), el presidente comanda y dirige a sus ejércitos y es responsable de planear la estrategia militar y concesionar empleos y grados militares (incisos 13 y 14).

Junto con las fuerzas armadas, el presidente también está al frente de la política exterior. A través del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Defensa, el presidente es responsable de la protección de los argentinos en el extranjero y de los ciudadanos argentinos en territorio nacional. El presidente decide si hay que reconocer nuevas naciones y nuevos gobiernos, recibe sus ministros y admite cónsules, y negocia tratados con otras naciones, que se hacen vigentes en Argentina cuando son aprobados por las dos terceras partes del Senado (inciso 11). El presidente también puede negociar «acuerdos ejecutivos» con poderes extranjeros que no están sujetos a la confirmación del Senado.

Concede jubilaciones, retiros, licencias y pensiones (inciso 6); y puede ausentarse del territorio nacional, con permiso del Congreso (inciso 18).

En materia de seguridad interior, el presidente está facultado para declarar:

  • El estado de sitio (inciso 16), cesando las garantías constitucionales, en caso de ataque exterior o de conmoción interior con acuerdo del Senado, pudiendo únicamente declararlo por sí solo cuando el Congreso esté en recesión mediante decreto y convocando a ambas cámaras para su tratamiento, pero no podrá condenar por sí o aplicar penas, limitando su poder a arrestar y trasladar a los ciudadanos (artículo 23 de la Constitución).
  • La intervención federal (inciso 20) de una o varias provincias, tomando el control de los poderes ejecutivo y legislativo de la provincia designando un interventor por 180 días prorrogables y llamando a elecciones para elegir a las nuevas autoridades, mediante un decreto luego refrendado por el Congreso o un proyecto de ley aprobado por el Congreso.

Poderes legislativos

El primer poder conferido al presidente por la Constitución es el poder legislativo del veto presidencial. Cualquier proyecto de ley aprobado por el Congreso deberá ser presentado al presidente antes de que pueda convertirse en ley. Una vez que la norma legal ha sido presentada, el presidente tiene tres opciones:

  • Firmarla; el proyecto legislativo se convierte en ley.
  • Vetarla total o parcialmente y devolverla al Congreso con sus objeciones; el proyecto no se convierte en ley, a menos que cada Cámara del Congreso vote para anular el veto con una mayoría favorable de dos tercios.
  • No hacer nada. En ese caso, el presidente ni firma ni veta la legislación. Después de 10 días, se convierte en ley.

Luego las promulga y hace publicarlas en el Boletín Oficial. El presidente puede emitir decretos que regulen la organización política del país y reglamenten las leyes aprobadas por el Congreso, firmados junto al jefe de Gabinete y los ministros involucrados.

El presidente tiene prohibido emitir disposiciones legislativas, excepto en circunstancias excepcionales, a través de:

  • Decretos de necesidad y urgencia (inciso 3): siempre que no regulen en materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, en acuerdo general con los ministros y siendo analizados y aprobados por el Congreso, quienes pueden derogar el DNU mediante el rechazo de ambas cámaras.
  • Decretos delegados (artículo 76 de la Constitución): también el Congreso, mediante una ley especial, puede delegar en el presidente facultades legislativas en materia de administración pública y emergencia pública, de acuerdo a un plazo determinado y las pautas donde puede actuar. Así el presidente está facultado para emitir decretos delegados firmados junto al jefe de Gabinete, quien debe comunicar al Congreso las disposiciones para que sean analizadas por la Comisión Bicameral.

El presidente puede desempeñar un papel importante en la conformación del Congreso, sobre todo si el partido político del presidente tiene mayoría en una o ambas Cámaras. Los miembros del poder ejecutivo no pueden ocupar simultáneamente su puesto y un escaño en el Congreso, pero es habitual que redacten la legislación y que un Senador o Diputado la presente por ellos.

El presidente puede influir de una forma importante en el poder legislativo a través del informe anual, escrito u oral al hacer la apertura de las sesiones ordinarias, que constitucionalmente debe presentar al Congreso reunido en Asamblea, normalmente dictado el 1 de marzo de cada año. Este discurso a menudo perfila la oferta legislativa para el año próximo (inciso 8). De acuerdo con los artículos 63 y 99 inciso 9, el presidente puede convocar a una o a ambas Cámaras del Congreso para una sesión extraordinaria mediante un decreto, indicando los proyectos de ley a tratar.

Poderes judiciales

El presidente también tiene la facultad de proponer jueces federales, incluidos miembros de la Corte Suprema de Argentina, sobre la base de una propuesta vinculante del Consejo de la Magistratura (inciso 4). Sin embargo, estos nombramientos requieren la confirmación del Senado por dos tercios de los miembros presentes y esto puede suponer un escollo importante ante la posibilidad de que un presidente quisiera formar una judicatura federal con una postura ideológica particular. También puede conceder perdones e indultos, pero no intervenir en acusaciones de la Cámara de Diputados (inciso 5).

El expresidente Raúl Alfonsín. Primer presidente constitucional luego del Proceso de Reorganización Nacional, que inició el dictador Jorge Rafael Videla.