Constitución española de 1978 | título vi: poder judicial

Título VI: Poder Judicial

El título VI (artículos 117 a 127) regula el poder judicial. Busca consolidar un poder judicial totalmente independiente y capaz de desarrollar adecuadamente la potestad jurisdiccional. Con el mismo objetivo, la Constitución regula el estatuto de jueces y magistrados, configurando además un órgano de gobierno judicial encarnado por el Consejo General del Poder Judicial.[121]

El título constitucional comienza con el artículo 117, afirmando que la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial [...] sometidos únicamente al imperio de la Ley.[122]​ Tal precepto define la posición que ocupa el poder judicial dentro de la estructura político-constitucional.

Principios

Independencia judicial

La Constitución dota de independencia al poder judicial.[120]​ órgano de gobierno del poder judicial, independiente del resto de poderes constitucionales.

La Constitución también trata de asegurar la imparcialidad judicial mediante un régimen de incompatibilidades cuya regulación delega en el legislador; en todo caso, se establece que los jueces y magistrados, mientras se hallen en activo, no podrán desempeñar otros cargos públicos, ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos.[124]

Exclusividad jurisdiccional

La actividad jurisdiccional solo puede ser ejercida por los juzgados y tribunales que la ley determina,[126]​ No obstante, hay dos excepciones: en primer lugar, el Tribunal Constitucional, que pese a desarrollar tareas jurisdiccionales, no se encuadra dentro del poder judicial; y, por otro lado, la jurisdicción del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, encargado de los conflictos derivados del derecho comunitario europeo.

Además, la Constitución establece la dedicación exclusiva de los jueces y tribunales a la actividad jurisdiccional y a las que expresamente les sean atribuidas por Ley en garantía de cualquier derecho.[124]

Unidad jurisdiccional

La unidad territorial implica la jurisdicción del poder judicial sobre todo el país, sin perjuicio de la organización territorial de sus distintos órganos, que podrán ser competentes en un municipio, en un partido judicial, en una provincia, en una comunidad autónoma e incluso en toda España. La prohibición de los tribunales de excepción complementa el principio de unidad, y supone el acceso de todos los ciudadanos, por igual, al juez natural previamente establecido por la ley, y a la jurisdicción ordinaria de un único poder judicial. No obstante, la Constitución contempla varias excepciones, compatibles con la unidad del poder judicial:

  • La jurisdicción militar actuará en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio.[127]
  • Los tribunales consuetudinarios y tradicionales, de naturaleza muy restringida, constituye un supuesto de participación popular en la administración de justicia.[128]
  • El Tribunal de Cuentas contará con una jurisdicción propia[130]​ Ello sin perjuicio de la recurribilidad de sus decisiones ante el Tribunal Supremo.
  • Los titulares de determinados cargos serán aforados y serán juzgados por el Tribunal Supremo. Es el caso, entre otros, de los parlamentarios[132]

Plenitud jurisdiccional

La plenitud jurisdiccional tiene dos caras. Por un lado, supone que los jueces han de resolver, en todo caso, los asuntos de que conozcan, y no podrán ampararse en la oscuridad de la norma o sus lagunas para negar una resolución, pues supondría negar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.[134]

Principios procesales

El artículo 119 establece que la justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, para quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar.[136]

El artículo 120.1. establece que las actuaciones judiciales serán públicas. La publicidad del proceso[140]

El artículo 120.2 establece el principio de oralidad predominante, especialmente en materia criminal.[141]​ Con ello se pretende favorecer la obtención de información por parte del juez mediante el contacto directo e inmediato con las partes. La ley ha respetado la oralidad predominante en los procesos penales, aunque la ha limitado en los procesos civiles, mercantiles o contencioso-administrativos, que son predominantemente escritos.

El artículo 120.3 establece el principio de motivación de las resoluciones judiciales,[138]​ que busca evitar la arbitrariedad de los jueces y magistrados en el desempeño de su actividad jurisdiccional. Estarán obligados, por lo tanto, a dictar resoluciones razonadas y argumentadas conforme a derecho, debiendo fundamentar jurídicamente toda decisión o fallo.

Responsabilidad judicial

A semejanza de la responsabilidad patrimonial administrativa, la Constitución establece una responsabilidad directa del Estado, que deberá indemnizar los daños causados por error judicial o a consecuencia del funcionamiento anormal de la administración de justicia.[143]

Jueces y magistrados

El artículo 117 establece que los jueces y magistrados son los encargados de administrar la justicia. Los jueces y magistrados deben ser independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley, y no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados, sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en la ley.[144]

El artículo 126 establece que los jueces y magistrados así como los fiscales, mientras se hallen en activo, no podrán desempeñar otros cargos públicos, ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos. La ley establecerá el régimen de incompatibilidades de los miembros del poder judicial, que deberá asegurar la total independencia de los mismos.[145]

Consejo General del Poder Judicial

El artículo 122 establece el Consejo General del Poder Judicial como órgano de gobierno del poder judicial. Entre sus funciones están los nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario. El Consejo General del Poder Judicial está integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo preside, y por veinte miembros nombrados por un período de cinco años. Doce de ellos proceden de la carrera judicial, elegidos según establezca una ley orgánica, y los ocho restantes son juristas de reconocido prestigio con más de 15 años de experiencia profesional, cuatro de los cuales son nombrados por el Congreso, y los otros cuatro por el Senado.[148]

Ministerio Fiscal

El artículo 124 establece el Ministerio Fiscal como un órgano que tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social.[152]