Quiebra
English: Bankruptcy

El aviso de la clausura pegado en la puerta de una tienda de computación el día después que su casa matriz, Granville Technology Group Ltd, fuera declarada "en bancarrota" en el Reino Unido.
El fracaso de la Compañía del Misisipi de John Law llevó a la bancarrota nacional francesa en 1720.

Una quiebra o bancarrota es una situación jurídica en la que una persona (persona física), empresa o institución (personas jurídicas) no puede hacer frente a los pagos que debe realizar (pasivo exigible), porque estos son superiores a sus recursos económicos disponibles (activos). A la persona física o jurídica que se encuentra en estado de quiebra se le denomina fallido. Cuando el fallido o deudor se encuentra declarado judicialmente en estado de quiebra, se procede a un juicio de quiebras o procedimiento concursal, en el cual se examina si el deudor puede atender con su patrimonio a las obligaciones de pago pendientes.

La palabra bancarrota viene del italiano del siglo XVI banca rotta, literalmente "banca rota", por la antigua costumbre de la República de Génova de romper las sillas de los prestamistas que caían en insolvencia financiera.

Características

  • Es una situación de insolvencia generalizada, lo que lo diferencia de la mera cesación de pagos.
  • Es una situación de insolvencia permanente en el tiempo.
  • Es una situación de insolvencia susceptible de ser apreciada objetivamente a través de hechos indiciados de quiebra.
  • Es una situación de insolvencia de tal magnitud que se torna insalvable para el deudor.

El proceso de bancarrota en EE. UU. permite reestructurar sus pasivos sin que deba cambiar su equipo de gerencia; la transparencia del proceso permite ahorrar trámites en la corte, pues se puede negociar con acreedores y proveedores los términos de reestructuración. Los efectos adversos son que los vendedores exigen efectivo por adelantado, que los empleados busquen otras empresas o que las compañías rivales les quiten sus clientes.[1]

En otros países, en tanto, la quiebra puede tener un efecto más adverso para el fallido, dependiendo si en la legislación respectiva implica o no una cancelación de personalidad jurídica o incluso una sanción penal o civil diferente de algún delito de fraude.