Proceso de Reorganización Nacional

Proceso de Reorganización Nacional
Información general
AcrónimoPRN
SistemaDictadura
TipoPoder político
Fundación24 de marzo de 1976
Disolución10 de diciembre de 1983
JurisdicciónTotalidad del territorio nacional argentino
PaísArgentina
SedePalacio del Congreso de la Nación Argentina
Organización
Miembros de la Junta Militar de Gobierno
Presidente de la Nación ArgentinaJorge Rafael Videla (1976-1981)
Roberto Eduardo Viola (1981-1981)
Leopoldo Fortunato Galtieri (1981-1982)
Reynaldo Bignone (1982-1983)
Histórico
Gobierno de ArgentinaActualGobierno de Argentina

El Proceso de Reorganización Nacional (PRN) o simplemente el «Proceso»[nota 1]​ fue una dictadura cívico-militar que gobernó a Argentina entre el golpe de Estado de 1976 y la entrega del poder en 1983. Fue la última y más sanguinaria dictadura de la historia de la Argentina.

Las Fuerzas Armadas argentinas derrocaron el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón en 1976 recibiendo el apoyo de las corporaciones y una porción de la sociedad opositora a Martínez. El objetivo del Proceso de Reorganización Nacional fue establecer un modelo económico neoliberal mediante el terrorismo de Estado, en línea al Plan Cóndor, que coordinaba el plan con los Estados Unidos de América y las dictaduras de otros países. Las Fuerzas Armadas violaron sistemática y masivamente los derechos humanos de la población, cometiendo desaparición forzada y robo de bebes, entre otros crímenes de lesa humanidad, y con el apoyo de los principales medios de comunicación privados e influyentes grupos de poder civil con el fin de instaurar un modelo económico neoliberal.

La dictadura utilizó la guerra de las Malvinas para mantenerse en el poder. La derrota precipitó su fin. Entregó el poder político al gobierno constitucional de Raúl Alfonsín en 1983.

Resumen histórico

Archivos desclasificados de la CIA narran que Manuel Contreras, jefe de la DINA en Chile, fue invitado en 1975 al cuartel General de la CIA en Langley durante 15 días.[12]

La política económica de la dictadura incluyó recetas del fondo Monetario Internacional, benefició a un un grupo selecto de monopolios y comenzó un proceso de endeudamiento récord, que constituyó esencialmente una operación delictiva ejecutada por empresas nacionales y extranjeras, militares y agentes económicos, según se dictó el fallo dictado el 13 de julio de 2000 en el caso «Alejandro Olmos c/ Martínez de Hoz y otros s/ Defraudación».[15]

Para llevar a cabo este plan, el gobierno de facto secuestró, torturó y ejecutó clandestinamente a miles de personas, que luego serían denominadas «los desaparecidos» —unas sospechosas de ser guerrilleros y otras simples activistas civiles sin relación con las organizaciones armadas— en centros clandestinos de detención establecidos al efecto. Gran cantidad de ellos fueron asesinados y enterrados en fosas comunes o arrojados al mar desde aviones militares.