Proceso de Reorganización Nacional

Proceso de Reorganización Nacional
Líderes
Miembros de la Junta Militar de GobiernoJorge Rafael Videla
Emilio Eduardo Massera
Orlando Ramón Agosti
Roberto Eduardo Viola
Armando Lambruschini
Omar Domingo Rubens Graffigna
Leopoldo Fortunato Galtieri
Jorge Isaac Anaya
Basilio Arturo Ignacio Lami Dozo
Cristino Nicolaides
Rubén Oscar Franco
Augusto Jorge Hughes
Presidentes de la Nación ArgentinaJorge Rafael Videla
Roberto Eduardo Viola
Leopoldo Fortunato Galtieri
Reynaldo Benito Antonio Bignone
Período
ComienzoGolpe de Estado del 24 de marzo de 1976
Inicio24 de marzo de 1976
Final10 de diciembre de 1983
Antecedentes y consecuentes
Gobernación anteriorGobierno constitucional de María Estela Martínez Cartas de Perón
Gobernación posteriorGobierno constitucional de Raúl Ricardo Alfonsín

El Proceso de Reorganización Nacional[b]​ fue una dictadura cívico-militar que gobernó a la República Argentina entre el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y la entrega incondicional del poder a un gobierno constitucional el 10 de diciembre de 1983. Se caracterizó por ser del tipo Estado burocrático-autoritario.

Se inició con el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 ejecutado por las Fuerzas Armadas. El golpe derrocó a la presidenta María Estela Martínez estableciendo una Junta Militar integrada por los tres comandantes de las FF. AA. Corporaciones y una porción de la sociedad opositora a Martínez apoyó el golpe

El objetivo del Proceso de Reorganización Nacional fue establecer un modelo económico y social neoliberal mediante el terrorismo de Estado, en línea con el Plan Cóndor. Entonces las FF. AA. violaron masivamente los derechos humanos produciendo cerca de 30 000 desapariciones. Los medios de comunicación principales privados y grupos de poder civiles influyentes apoyaron esta empresa.

El Proceso de Reorganización Nacional cayó en 1983 tras la derrota en la guerra de las Malvinas contra el Reino Unido. Ese año se celebraron elecciones generales que ganó el radical Raúl Alfonsín.

Golpe de Estado

Antecedentes

La participación de empresarios civiles y de algunos medios de comunicación en los grupos golpistas también es muy anterior a 1976. Celestino Pereda de la Sociedad Rural Argentina denunciaba al gobierno constitucional como «sovietizante»; Juan Alemann proponía imponer una política de desaparición de personas desde las páginas del Argentinisches Tageblatt y José Alfredo Martínez de Hoz colaboró con las fuerzas paramilitares cuando instalaron un centro clandestino de detención en la empresa Acindar, donde fueron torturados y asesinados varios militantes sindicales, durante el Operativo Serpiente Colorada del Paraná. Por su parte, la Santa Sede había designado poco antes como nuncio en Argentina a un miembro de la logia anticomunista Propaganda Due, Pío Laghi, a la que también pertenecía el almirante Emilio Eduardo Massera, comandante general de la Armada Argentina y una de las cabezas de los golpistas. La Triple A, siguió operando y tejiendo lazos con los sectores que preparaban el golpe de Estado terrorista; muchos de sus miembros fueron designados por la dictadura en posiciones estratégicas en la represión.

En mayo de 1975 el general de brigada Jorge Rafael Videla pergeñó una maniobra que provocó el reemplazo del comandante general del Ejército Argentino Leandro Anaya por el teniente general Alberto Numa Laplane.[5]

En septiembre, la presidenta pidió licencia por razones de salud y el senador Ítalo Luder asumió la presidencia provisional.[9]​ Poco antes de morir ya anciano y con serios problemas de salud, en los de veinte días de su muerte, Perón pensó en encontrar fórmulas para que el líder radical Ricardo Balbín, pudiera ser investido presidente.

En octubre, Isabel Perón volvió a hacerse cargo de la presidencia, entorpeciendo la bordaberrización (dictadura con presidente civil) a que estaba llevando la gestión de Luder. Isabel estaba decidida a no renunciar, ni permitir que la desalojaran mediante un juicio político, aferrándose estrictamente a la legalidad constitucional, en un contexto nacional e internacional en el que los respaldos que podía recibir el gobierno eran cada vez más escasos. La excelente relación de Perón con el radicalismo balbinista se había esfumado,[10]

A fines de 1975, el gobierno anunció el adelanto de las elecciones presidenciales para octubre de 1976.[16]

Posteriormente Balbín apoyaría el golpe y al Proceso de Reorganización Nacional: «Recibimos con satisfacción que las Fuerzas Armadas en el poder hayan ratificado su voluntad de arribar a un proceso democrático y republicano, que no hayan definido otros enemigos que los responsables de deshonestidades administrativas y de la quiebra moral y los que se han marginado voluntariamente del proceso, recurriendo a la subversión y al terrorismo, y que hayan reconocido la necesidad de los partidos políticos», Ricardo Balbín, abril de 1976. Posteriormente el dictador Jorge R. Videla implicó a Balbín en el golpe de 1976. Dijo que el líder radical le pedía que terminaran «cuanto antes» con el Gobierno de la presidenta Isabel de Perón.[17]

Asimismo se ha señalado el apoyo del Departamento de Estado de Estados Unidos al golpe, dos días después de producido el golpe militar del 24 de marzo de 1976, el entonces secretario de EE. UU. Henry Kissinger, ordenó «alentar» la dictadura y ofrecerle apoyo financiero. Días antes Kissinger al ser informado de que se produciría un golpe de Estado, afirmó que quería impulsarlos. En tanto el embajador norteamericano A. Hill, calificó al golpe como «más civilizado de la historia del país».[18]

El pedido de intervención militar era tan visible que, desde la oposición admitían las reuniones con uniformados, entre ellos el senador radical Eduardo Angeloz decía: «Debo confesar que en el día de hoy he golpeado las puertas […] de la Policía Federal, la de algunos hombres del ejército, y el silencio es toda la respuesta que he encontrado», admitía el senador Eduardo Angeloz, a catorce días del 24 de marzo.[23]​ El periodista Jacobo Timerman, quien después de haber sido secuestrado y torturado acusó a la DAIA y sus directivos de complicidad con la dictadura y haber actuado como los Jüdenrat durante el nazismo.

El historiador De Riz describió la situación como una crisis de autoridad del estado que hacía prever el desplazamiento de la presidenta, quien trató de ganar tiempo adelantando la fecha de las elecciones;[26]​ Para entonces, la Argentina era el único país del Cono Sur que mantenía un régimen democrático, en tanto que todos los países vecinos estaban gobernados por dictaduras militares (Banzer en Bolivia, Geisel en Brasil, Augusto Pinochet en Chile, Stroessner en Paraguay y Bordaberry en Uruguay), sostenidas por Estados Unidos en el contexto de la Doctrina de la Seguridad Nacional.

El 18 de diciembre, el brigadier Jesús Cappellini, militar leal a Videla, lideró un ensayo de golpe de estado, con el fin de hacer caer al comandante general de la Fuerza Aérea, brigadier general Héctor Fautario, último de los mandos militares que no aceptaba formar parte del grupo golpista y «último sostén» militar del gobierno constitucional.[29]​ Días antes del golpe de estado, tuvo al menos una reunión con el general Rafael Videla y luego con el general José Rogelio Villarreal, encargado de reunirse con los principales dirigentes políticos. Posteriormente parte de los participantes de estas reuniones se integraron a la Secretaría General de la Presidencia durante el régimen de Videla, al mando del general Villarreal: Raúl Castro Olivera, Victorio Sánchez Junoy, Virgilio Loiácono, José María Lladós, Francisco Mezzadri, Ricardo Yofre, Juan Carlos Paulucci Malvis y el constitucionalista Félix Loñ.

En 2017 se divulgarían cables secretos que demostraban que Washington apoyó firmemente la dictadura militar a la que consideraba la mejor opción ante «el clima de incertidumbre que amenaza a sus intereses en el país». El documento filtrado del Departamento de Estado de EE. UU. días después de que se conociera que Perón había sido ingresado de urgencia por un edema pulmonar, señalaba que «debemos esforzarnos por mantener un estrecho vínculo con los líderes militares clave, en tanto representan una de las pocas alternativas viables a los peronistas». Henry Kissinger, nombrado jefe del Servicio Exterior estadounidense encargó la elaboración de un «documento de contingencia» para que circulase entre las distintas agencias de EE. UU. en el que enfatizaba que «cualquier intervención en casi cualquier aspecto de la política interior de Argentina requiere que Estados Unidos actúe con la mayor discreción y sensibilidad».[30]

En los diez meses que transcurrieron entre mayo de 1975, cuando Rodrigo anunció su plan económico, y marzo de 1976, cuando asumió la dictadura militar, la inflación fue del 481% (casi un 50% mensual).[31]

Desde mediados de 1975, una delegación de empresarios liderada por José Alfredo Martínez de Hoz, presidente del Consejo Empresario Argentino se entrevistaba en secreto con el entonces general Jorge Rafael Videla, comandante en jefe del ejército, para expresarle la preocupación de los grandes grupos económicos porque «se estaba impidiendo la libertad de trabajo, la producción y la productividad» y solicitarle a las Fuerzas Armadas que aseguraran «el imperio del orden sobre todas las cosas».[33]

En octubre de 1975, los militares y empresarios golpistas comenzaron a reunirse con la jerarquía de la Iglesia católica que se comprometieron a no oponerse.[32]

En noviembre, el Partido Justicialista expulsó al gobernador antiverticalista Calabró y en diciembre la presidenta elaboró un decreto para intervenir la provincia de Buenos Aires.[35]​ Isabel se reunió entonces con los tres comandantes el 5 de enero de 1976, quienes en una reunión extremadamente violenta le exigieron la renuncia personalmente. Isabel se negó a renunciar, ratificó la necesidad de preservar la institucionalidad constitucional hasta las elecciones presidenciales que deberían realizarse en octubre y buscó la protección de la Santa Sede, recurriendo al nuncio Pío Laghi, miembro al igual que Massera de la logia Propaganda Due. Pero el nuncio se entrevistó a su vez con el embajador de Estados Unidos, Robert Hill, uno de los principales apoyos del dúo Videla-Viola, y la eventual mediación de la Santa Sede quedó en la nada. De este modo, en aquella reunión entre la presidenta y los tres comandantes, quedó definida la suerte del gobierno constitucional. A Isabel solo le quedaba el poder de no convalidar con sus actos personales, el golpe y la catástrofe humanitaria que causaría, ya evidente para todos los observadores.

En enero de 1976, María Estela Martínez de Perón reorganizó su gabinete y se desprendió de sindicalistas y políticos moderados. Los sindicalistas, que en ese momento estaban divididos entre los leales a la Presidenta —liderados por Lorenzo Miguel— y aquellos que querían su alejamiento, optaron por tomar una actitud pasiva pues no querían oponérsele en un momento en que veían inevitable su derrocamiento.[39]​.

En febrero de 1976 el entonces general Roberto Eduardo Viola elaboró el plan de operaciones del golpe.[32]

El 9 de febrero el periodista político más conocido del país, Bernardo Neustadt, cerró su programa Tiempo Nuevo mirando fijamente a la cámara y exigiéndole la renuncia a la presidenta:

Señora, ¿por qué no se hace un favor a usted misma y nos lo hace a todos? ¡Libérese! ¡Deje la presidencia para que asuma alguien más capacitado!
Bernardo Neustadt[41]

El 17 de febrero el jefe de los servicios de inteligencia, el general Otto Paladino, volvió a presionar a Isabel para que renunciase, con el argumento de que en caso contrario va a «correr mucha sangre». Isabel le transmitió entonces a su ministro de Defensa, la razón de su postura:

Vea doctor, yo no renuncio ni aunque me fusilen. Porque renunciar acá sería convalidar lo que va a venir después.
María Estela Martínez de Perón[42]

Los golpistas tomaron el poder en un contexto de violencia creciente, caracterizado por acciones de terrorismo de estado llevadas adelante por las Fuerzas Armadas y el grupo parapolicial Triple A y la actuación de organizaciones guerrilleras como Montoneros cuyo líder, Mario Firmenich, dijo que «no hicieron nada para impedirlo».[44]

El 21 de marzo de 1976 el diario derechista La Nueva Provincia de Bahía Blanca criticaba a los políticos que daban prioridad a mantener el régimen democrático y reclamaba abiertamente el golpe militar:

«A las elecciones con muletas», dejó escapar, en alguna ocasión, el líder radical (Ricardo Balbín). No interesa cuál sea el precio, no importan las consecuencias ni el estado de la República. Lo importante es llegar... ¿Quizás porque subyugado con aquellas palabras de Almafuerte supone «curables» los males argentinos cinco minutos antes que muera la República? ¡Qué increíble ceguera! ¿No cabría pensar, mejor, con el egregio Lugones, que otra vez LA HORA DE ESPADA se cierne insoslayable, para bien del mundo?
Diario La Nueva Provincia, 21-02-1976.

En el ámbito internacional, el golpe fue previsto por la inteligencia estadounidense y anticipado por William P. Rogers al Secretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger, en su reunión semanal el día 24 de marzo de 1976.[46]

La campaña de prensa a favor de la dictadura militar comenzó antes del 24 de marzo de 1976. Para los primeros días de marzo, la mayoría de los medios gráficos comenzaron a dedicar más espacio dentro de sus ediciones a las noticias y temas que tenían que ver con las Fuerzas Armadas, sus integrantes, sus actividades. Las revistas Somos, Gente y Para Ti, pertenecientes al grupo editorial Atlántida, son de las que más apoyaron y difundieron la campaña pro dictadura[47]

Robert Cox, director del Buenos Aires Herald, manifestó en un reportaje al ser preguntado si había estado a favor del golpe, respondió: «Por supuesto, el país no aguantaba más la situación en que estaba sumido».[53]

Ejecución

A las 03:10 del 24 de marzo de 1976 el general José Rogelio Villarreal inició el golpe de Estado diciéndole a la presidenta Isabel Martínez de Perón: «Señora, las Fuerzas Armadas han decidido tomar el control político del país y usted queda arrestada».

La proclama golpista decía:

Agotadas todas las instancias de mecanismo constitucionales, superada la posibilidad de rectificaciones dentro del marco de las instituciones y demostrada en forma irrefutable la imposibilidad de la recuperación del proceso por las vías naturales, llega a su término una situación que agravia a la Nación y compromete su futuro. Nuestro pueblo ha sufrido una nueva frustración. Frente a un tremendo vacío de poder, capaz de sumirnos en la disolución y la anarquía, a la falta de capacidad de convocatoria que ha demostrado el gobierno nacional, a las reiteradas y sucesivas contradicciones demostradas en las medidas de toda índole, a la falta de una estrategia global que, conducida por el poder político, enfrentara a la subversión, a la carencia de soluciones para el país, cuya resultante ha sido el incremento permanente de todos los exterminios, a la ausencia total de los ejemplos éticos y morales que deben dar quienes ejercen la conducción del Estado, a la manifiesta irresponsabilidad en el manejo de la economía que ocasionara el agotamiento del aparato productivo, a la especulación y corrupción generalizadas, todo lo cual se traduce en una irreparable pérdida del sentido de grandeza y de fe, las Fuerzas Armadas, en cumplimiento de una obligación irrenunciable, han asumido la conducción del Estado. Una obligación que surge de serenas meditaciones sobre las consecuencias irreparables que podía tener sobre el destino de la Nación, una actitud distinta a la adoptada.

Esta decisión persigue el propósito de terminar con el desgobierno, la corrupción y el flagelo subversivo, y sólo está dirigida contra quienes han delinquido y cometido abusos del poder. Es una decisión por la Patria, y no supone, por lo tanto, discriminaciones contra ninguna militancia cívica ni sector social alguno. Rechaza por consiguiente la acción disociadora de todos los extremismos y el efecto corruptor de cualquier demagogia.(…)

(…) Por ello, a la par que se continuará sin tregua combatiendo a la delincuencia subversiva, abierta o encubierta, se desterrará toda demagogia. No se tolerará la corrupción o la venalidad bajo ninguna forma o circunstancia, ni tampoco cualquier transgresión a la ley en oposición al proceso de reparación que se inicia.

Las Fuerzas Armadas han asumido el control de la República. Quiera el país todo comprender el sentido profundo e inequívoco de esta actitud para que la responsabilidad y el esfuerzo colectivo acompañen esta empresa que, persiguiendo el bien común, alcanzará con la ayuda de Dios, la plena recuperación nacional.[54]

  • Jorge Rafael Videla, teniente general, comandante general del Ejército;
  • Emilio Eduardo Massera, almirante, comandante general de la Armada;
  • Orlando Ramón Agosti, brigadier general, comandante general de la Fuerza Aérea.

El «flagelo subversivo», la «demagogia», la «corrupción», el «caos», el «vacío de poder», la «carencia de soluciones» institucionales, la «irresponsabilidad en el manejo de la economía», fueron algunos de los argumentos utilizados por los golpistas para derrocar al gobierno constitucional. García cita la decisión de Montoneros de convertirse en un auténtico ejército regular clandestino en 1975 y su búsqueda de la confrontación directa con las Fuerzas Armadas a mediados de 1975 —con algunos éxitos iniciales[57]​ Rodolfo Walsh opinó:

Dictada por el Fondo Monetario Internacional según una receta que se aplica indistintamente al Zaire o a Chile, a Uruguay o Indonesia, la política económica de esa Junta sólo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera, la nueva oligarquía especuladora y un grupo selecto de monopolios internacionales encabezados por la ITT, la Esso, las automotrices, la U.S.Steel, la Siemens, al que están ligados personalmente el ministro Martínez de Hoz y todos los miembros de su gabinete.
(Rodolfo Walsh - Carta Abierta a la Junta Militar- Marzo de 1977)[58]

Una detallada explicación posible de las consecuencias económicas del golpe de Estado se encuentran en la nota «Una pesada herencia», de Ernesto Hadida, editor de Invertia Argentina.[59]

Simultáneamente con el golpe, esa misma noche se realizaron centenares de secuestros y arrestos, principalmente de activistas y dirigentes sindicales en áreas industriales estratégicas, como el Gran Buenos Aires, Córdoba y la zona que se extiende desde el Gran Rosario hasta San Nicolás.[32]

El primer día la Junta Militar dictó 31 comunicados. El comunicado N.º 1 dice:

Se comunica a la población que, a partir de la fecha, el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta de Comandantes Generales de las FF. AA. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones.

El comunicado N.º 19 estableció:

Se comunica a la población que la Junta de Comandantes Generales ha resuelto que sea reprimido con la pena de reclusión por tiempo indeterminado el que por cualquier medio difundiere, divulgare o propagare comunicados o imágenes provenientes o atribuidas a asociaciones ilícitas o personas o grupos notoriamente dedicados a actividades subversivas o al terrorismo. Será reprimido con reclusión de hasta diez años, el que por cualquier medio difundiere, divulgare o propagare noticias, comunicados o imágenes, con el propósito de perturbar, perjudicar o desprestigiar las actividades de las Fuerzas Armadas, de Seguridad o Policiales.
Al día siguiente del golpe, el diario La Nación comunica que se ha impuesto la pena de muerte en Argentina.

Ese mismo primer día se impuso la pena de muerte y los Consejos de Guerra (Ley 21.264):

Art.1 El que públicamente por cualquier medio, incitare a la violencia colectiva y / o alterare el orden público, será reprimido por sola incitación, con reclusión hasta diez años. Art. 2. El que alterare en cualquier forma contra los medios de transporte, de comunicación, usinas, instalaciones de gas o agua corriente u otros servicios públicos, será reprimido con reclusión por tiempo determinado o muerte… Art.5 …el personal militar de las fuerzas de seguridad y de las fuerzas policiales hará uso de las armas en caso de que la persona incurra en alguno de los delitos previstos de dos a cuatro precedentes… Art. 7 Créanse en todo el territorio del país los Consejos de Guerra Especiales Estables…que juntamente con los Consejos de Guerra Permanente para el Personal Subalterno de las Tres Fuerzas Armadas, conocerán en el juzgamiento de los delitos que prevé la presente ley. Art 10. La presente ley será aplicable a toda persona mayor de dieciséis años.