Ley española de Divorcio de 1932

Caricatura de la revista satírica conservadora Gracia y Justicia (1931), publicada como parte de la campaña contra la legalización del divorcio.

La Ley de Divorcio de 1932, aprobada durante la II República española, fue la primera ley que reguló el divorcio en España.

Antecedentes

La Constitución de 1931, durante la II República española, proclamaba en su artículo 43º: «La familia está bajo la salvaguardia especial del Estado. El matrimonio se funda en la igualdad de derechos para uno y otro sexo, y podrá disolverse por mutuo disenso o a petición de cualquiera de los cónyuges con alegación en este caso de justa causa».

Hasta entonces, lo relativo al matrimonio y el divorcio se regía por el Código Civil de 1889, que en su artículo 52º afirmaba: «El matrimonio se disuelve por la muerte de uno de los cónyuges.» Por lo tanto, la Ley de Divorcio suponía una importante novedad legal. Además, los políticos progresistas de la época consideraban que era «una de las leyes de la República que más contribuirán a la liberación de la mujer de la tiranía a que había estado sometida en la monarquía».[1]

Ya desde el debate inicial del proyecto de Constitución, la derecha católica representada en la Minoría Agraria y en la Minoría vasco-navarra se opusieron al reconocimiento del derecho del divorcio. El portavoz de la Minoría Agraria en el debate de totalidad, el canónigo y diputado por Burgos Ricardo Gómez Rojí, se opuso al divorcio, en nombre de la familia y del bien de las mujeres, porque el matrimonio es "sagrado" y por tanto indisoluble.[2]

¿Qué puede el Estado en cuanto al matrimonio?... En cuanto a los infieles, los autores discrepan; pero respecto a los bautizados, señores, por una razón de carácter doctrinal, la potestad civil tiene que detenerse delante de ese vínculo del sacramento, porque si el Estado quiere invadir esa unión es porque niega la existencia del sacramento. Me diréis muchos ¿Y el divorcio? Yo pregunto: ¿Es que el divorcio está en la naturaleza de las cosas? ¿Es que la misma naturaleza del hombre y de la mujer no tienden espontáneamente a jurarse amor eterno? ¿Es que la maternidad puede tener la seguridad de sus fines y de su honor si se establece el divorcio? ¿Es que la educación de los hijos puede estar garantizada si se dan facilidades para el divorcio? Me diréis que el matrimonio es un contrato. Pero es un contrato especial; la especialidad de ese contrato está en que el vínculo es exclusivo entre los cónyuges. En la naturaleza de ese contrato especialísimo está la indisolubilidad de ese vínculo conyugal. ¿Es el bien de la sociedad el que vosotros creéis que exige el divorcio? No, porque la mujer, con el divorcio, queda ultrajada; porque esa mujer tiene que volver ultrajada al seno de su familia, y, naturalmente, es un estigma que levanta odios entre las familias de los cónyuges. (...) ¡Ah, señores! ¡Quién desconoce las tristezas de muchos matrimonios! Pero existe el remedio sin llegar a la ruptura del vínculo, y el remedio es ese divorcio incompleto, esa separación de la casa, esa separación de la convivencia... Entre los bautizados, el dogma no podrá autorizar que el Estado ponga su mano en cosa tan sagrada

También se manifestó en contra del divorcio (el divorcio era "un barreno que hará saltar a la familia"; "el matrimonio es una institución de sacrificio... una cruz inevitable, es un sacrificio que santifica") el portavoz de la Minoría vasco-navarra, el diputado del Partido Nacionalista Vasco Jesús María de Leizaola, que citó unas estadísticas que mostraban que entre los divorciados el índice de delincuencia y de suicidios era mayor que entre los solteros y los casados, lo que provocó "grandes y prolongadas risas" en la Cámara, según consta en el Diario de Sesiones.[3]

Teniendo presente que el artículo 43º de la nueva Constitución admitía el divorcio, el 4 de diciembre de 1931 el ministro de justicia Álvaro de Albornoz presentó a la Cámara el correspondiente proyecto de ley, cuyo articulado iba a someterse a discusión a lo largo del mes de febrero siguiente. En esta exposición se establece una relación entre la voluntad del Gobierno de la República de secularizar el Estado y la atención que se venía prestando desde el primer momento al matrimonio y a su estructura jurídica. La regulación del divorcio debía hacerse mediante normas que respetaran a un mismo tiempo la voluntad de las personas individuales y las exigencias de la paz social. Para respetar ambos aspectos, se establecía el mutuo disenso como principio contractual en el divorcio, pero se recababa para el Estado la intervención en su ejercicio y en la disciplina de sus efectos. De manera semejante, se abría un cauce para la acción unilateral de divorcio, siempre que existiera justa causa, pero se rechazaba abiertamente todo sistema de repudio matrimonial por arbitraria decisión de uno de los cónyuges.[4]