Golpe de Estado en Honduras de 2009

Golpe de Estado
en Honduras de 2009
Manuel Zelaya detail, ABR August 07, 2007.jpg
Retrato de Manuel Zelaya, presidente depuesto de Honduras en 2009.
Contexto del acontecimiento
Fecha28 de junio de 2009
SitioBandera de Honduras Honduras
ImpulsoresPoderes políticos hondureños, sectores del Partido Liberal de Honduras opuestos a Zelaya.
MotivosActo ilegal de una Cuarta Urna y desacato al Poder Judicial por parte de Manuel Zelaya. Entrada de Honduras en el ALBA.
Influencias ideológicas de los impulsoresDerecha política
Gobierno previo
GobernanteManuel Zelaya
Forma de gobiernoRepública parlamentaria
Gobierno resultante
GobernanteRoberto Micheletti
Forma de gobiernoRepública parlamentaria

El golpe de Estado en Honduras de 2009 ocurrió el 28 de junio de ese año tras varios meses de crisis política entre los poderes de la República, en el cual se enfrentaron el presidente Manuel Zelaya con el Congreso Nacional, el Tribunal Supremo Electoral de Honduras y la Corte Suprema de Justicia, sobre la legalidad de una Cuarta Urna, para votar un referéndum y cambiar la constitución por medio de una Asamblea Constituyente. Los opositores a Zelaya afirmaban que buscaba con esta modificación a la constitución su reelección, aunque Zelaya lo negó.[1]​Debido a que en la Constitución de la República de Honduras se encuentra detallada la prohibición sobre una Cuarta Urna, la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Superior Electoral calificaron este acto por parte de Manuel Zelaya como ilegal, con base en una ley aprobada posteriormente a la realización de la convocatoria (cinco días antes de la celebración de la consulta) expresamente para prohibirla.[2]​A pesar de las decisiones y ordenanzas por parte de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Supremo Electoral, Zelaya actuó en desacato al mandato del Poder Judicial, manteniendo la consulta para junio y ordenó al Ejército distribuir papeletas de votación de forma ilegal. Después de que el jefe del Ejército, Romeo Vásquez Velásquez, se negase a obedecer esta orden, Zelaya lo destituyó de su cargo, lo que provocó la renuncia de los jefes de la Armada y la Fuerza Aérea.

Romeo Vásquez Velásquez aliado con el congreso nacional; el 28 de junio del 2009, ordenaron a las fuerzas armadas detener al presidente Zelaya quien fue llevado a San José (Costa Rica) donde permaneció exiliado. El congreso nacional impuso a Roberto Micheletti como Presidente de la República; y permaneció en ese cargo hasta que tomó posesión Porfirio Lobo Sosa.

En las semanas posteriores al 28 de junio, el Congreso decretó un estado de sitio, suspendiendo garantías de los ciudadanos contenidas en 8 artículos de la Constitución,[4]​hubo movilizaciones en apoyo al presidente Zelaya una de las cuales desembocó en el asesinato de un manifestante opositor al golpe de Estado,[5]​la OEA suspendió a Honduras como miembro de la organización hasta que el país «restaure el Gobierno democrático» (el de Manuel Zelaya),[6]El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Venezuela, anunciaron sanciones económicas para Honduras a causa de la Sucesión Política,[7]​el BID y el Banco Mundial anunciaron la suspensión de la ayuda financiera que otorgaban a Honduras[9]​y se produjo una retirada en bloque de todos los embajadores de la Unión Europea de Honduras.[10]

Tras la realización de las elecciones presidenciales hondureñas del 29 de noviembre de 2009, se presentó una escasa afluencia de personas, donde resultó victorioso Porfirio Lobo del conservador Partido Nacional de Honduras, Estados Unidos y diversos países latinoamericanos, donde destacan Colombia, Costa Rica y Perú, reconocieron al nuevo gobierno; mientras que la mayoría de los países latinoamericanos anunciaron que no reconocerían estas elecciones. Inicialmente la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos continuaron sin cambiar su no reconocimiento, aunque José Miguel Insulza, secretario general de la OEA aseguró que estaba abierto al diálogo con la nueva administración hondureña.[11]​Roberto Micheletti se mantuvo al frente del gobierno hondureño hasta el 21 de enero de 2010, cuando delegó la administración del mismo a su Consejo de Ministros, aunque no presentó su renuncia.[12]​Posteriormente diversas naciones del mundo fueron reconociendo al gobierno de Lobo y, los únicos gobiernos que mantuvieron su postura de no reconocimiento se encontraban en Latinoamérica, donde destacaban Brasil, Cuba, Ecuador, Paraguay, y Venezuela.

El 7 de marzo de 2017, el presidente del partido liberal Luis Zelaya se disculpó por el golpe de estado por parte del Partido Liberal de Honduras y llamó a la reconciliación de las bases que abandonaron el partido y se unieron a Zelaya.

Antecedentes

La crisis política originada a partir de los sucesos del 28 de junio de 2009 tuvo su causa inmediata en una consulta, promovida por Zelaya, que se realizaría ese día. El objetivo era promover la instalación de una «cuarta urna» en las elecciones generales de noviembre de ese año para decidir sobre la convocatoria de una Asamblea Constituyente, para lo cual se recolectaron las firmas de 400 mil hondureños.[13]​ Sin embargo, algunos sectores de la sociedad encabezados por la Alianza Nacional por Honduras en Paz y Democracia se opusieron a la misma, y realizaron manifestaciones públicas "en defensa de la constitución" unas semanas antes al golpe.[14]​ También acusaron ―sin pruebas― que las firmas habían sido recogidas por funcionarios públicos obligados.[16]​ No obstante, el 23 de junio, el Congreso aprobó una ley por la cual se prohibía la celebración de la votación,[17]​ por lo cual esta "consulta popular no vinculante" fue posteriormente considerada como ilegal por la casi totalidad de los organismos gubernamentales del país.[18]

Los opositores alegaron que el presidente Zelaya planeaba presentarse para un segundo mandato presidencial, algo prohibido en la Constitución de Honduras de 1982:[19]

La calidad de ciudadano se pierde [...] por incitar, promover o apoyar el continuismo o la reelección del presidente de la República.

Numeral quinto del artículo 42 de la Constitución de Honduras de 1982.

Además, el artículo 239 de la Constitución establece que quien proponga una reforma de la prohibición de reelección deberá cesar inmediatamente de su cargo.[20]​ Varias organizaciones de la prensa citaron las palabras de Zelaya tras una reunión con sus seguidores el 25 de junio de 2009: «El único que no se reelige en Honduras es el presidente, pero la reelección es tema de la próxima Asamblea Nacional Constituyente».[19]​ algo sólo posible si la Asamblea Constituyente que pretendía instalar después de las elecciones de 2009 declarasen nulas a las mismas y convocaran a nuevas elecciones.

A pesar de la prohibición del Congreso, el presidente Zelaya continuó adelante con la promoción de la consulta y ordenó que se distribuyesen las tarjetas de votación. Cuando el Jefe del Estado Mayor Conjunto hondureño, el General Romeo Vásquez Velásquez, se negó a acatar esa orden aduciendo una contraorden del Tribunal Supremo de Justicia, Zelaya anunció su destitución en un mensaje televisado a la nación.[24]​ Poco después, el Ministro de Defensa y los comandantes de las tres ramas de las Fuerzas Armadas hondureñas renunciaron a sus cargos.[24]

El 25 de junio, la Corte Suprema anuló la destitución del General Vásquez, mientras grupos militares tomaban la capital hondureña.[18]​ Ese día, portavoces de Zelaya anunciaron que el presidente estaba a punto de nombrar el sustituto de Vásquez.[18]​ Al día siguiente la situación en Honduras parecía más calmada y los militares abandonaban Tegucigalpa en dirección a sus cuarteles, luego de que el general Vásquez se los ordenase.[18]​ Por su parte, Zelaya declaró en una entrevista que en realidad no había destituido al general, solamente había anunciado su futura destitución.[25]

Poco después, el presidente Zelaya irrumpió en una base de la Fuerza Aérea donde se guardaba el material electoral que el general Vásquez se había negado a distribuir, retirándolo del lugar.[26]​ De acuerdo a la Fuerza Aérea hondureña, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, envió este material a Honduras;[27]​ pero Zelaya negó haber recibido financiamiento externo.[28]

El 26 de junio, la Corte Suprema, a pedido del Ministerio Público, aprobó, por unanimidad de votos, acusar como autor responsable al ciudadano José Manuel Zelaya, de los delitos de traición a la patria, abuso de autoridad y usurpación de funciones en perjuicio del Estado de Honduras; por lo cual dictó orden de captura y allanamiento contra el presidente. El mismo día, el juez José Tomás Arita Valle, de la Corte Suprema de Justicia, ordenó al teniente coronel Rene Antonio Herpburn Bueso, del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, allanar la vivienda del presidente Zelaya y ponerlo a orden de la justicia de Honduras por delitos en perjuicio del Estado ante el requerimiento del Ministerio Público.[29]

El 27 de junio, el día anterior a la votación, el Congreso designó una comisión especial para investigar a Zelaya «por desconocer los fallos de las instancias jurisdiccionales y violentar el estado de derecho».[27]​ Solamente cuatro diputados izquierdistas se opusieron a la moción de la Asamblea.[27]​ Al enterarse que los principales grupos parlamentarios lo habían acusado de violar la constitución y de estar incapacitado mentalmente, Zelaya respondió:

El presidente Manuel Zelaya, depuesto el 28 de junio de 2009.

Ustedes me han declarado la guerra, ahora aténganse a las consecuencias.[27]

El presidente hondureño resaltó el hecho de que nadie podía afirmar nada acerca de su salud mental, ya que nunca le habían realizado un examen psiquiátrico, y calificó la medida de arbitraria.[27]​ Además, respondió a los insultos del presidente del Congreso y miembro del partido oficialista, Roberto Micheletti, quien lo había llamado «trastornado»:

¿Qué te pasa Roberto? A mí me eligió el pueblo y no el Congreso. ¿Por qué me vas a inhabilitar? Eres un pinche diputado de segunda categoría que saliste en ese puesto porque te di espacio en mi corriente.[27]

De esta manera, al final del día, la Fiscalía General, la Corte Suprema de Justicia y el Congreso de la República se habían unido a la opinión del Tribunal Electoral, declarando ilegal la consulta.[30]​ El propio partido de Zelaya, el Partido Liberal de Honduras, manifestó también su oposición a la controversial consulta.[30]​ Al fin, el día 7 de octubre, el decreto ejecutivo que ordenaba el referéndum fue derogado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, pues declaró «ilegal e inconstitucional el solo hecho de insinuar el llamado a una [asamblea] constituyente».[31]