Estado de Quito

Estado de Quito

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1811-1812

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Escudo
BanderaEscudo
Ubicación de Quito
Mapa del Estado de Quito (1811-1812).
CapitalQuito
0°13′N 78°31′O / 0°13′N 78°31′O / -78.517
Idioma principalEspañol
Otros idiomasquechua
ReligiónCatolicismo
GobiernoRepública
Presidente del Estado de Quito
 • 1811-1812José de Cuero y Caicedo
Período históricoGuerras de Independencia Hispanoamericana
 • Acta de instalación del Congreso Constituyente del Estado de Quito11 de octubre de 1811
 • Batalla de Ibarra (1812)1 de diciembre de 1812
Población
 • 1812 est.305,020 
MonedaReal


El Estado de Quito, también llamado República de Quito, fue un estado sudamericano independiente que existió entre los años 1811 y 1812, cuyo territorio comprendía el corregimiento de Quito, parte de la provincia homónima en el Virreinato de Nueva Granada. El Estado quiteño tuvo un cuerpo de gobierno, ejército y una constitución propias que lo desvinculaban del poder español y, por ello, un año después de declarar su independencia, las fuerzas realistas llegadas desde Lima, Guayaquil y Bogotá recuperaron el control del territorio y la fugaz República fue disuelta.

Historia


La historia de esta fugaz nación, una de las primeras en constituirse en la América colonial española, comienza con los hechos acaecidos durante la Primera Junta de Gobierno Autónoma de Quito, instalada el 10 de agosto de 1809, y posteriormente con una Segunda Junta instalada el 9 de septiembre de 1810.

Antecedentes

La invasión napoleónica a España y la abdicación del rey Carlos IV, quien cedió el trono a su hijo Fernando VII, quien a su vez abdicó a favor del emperador francés Napoleón I, creó una tensa y caótica situación política en España y sus colonias americanas a partir de 1808.

Mientras la Casa Real española se rindió a Napoleón luego de la entrevista de Bayona, el pueblo de Madrid se sublevó, y en todo el país se formaron "juntas", que eran unos gobiernos locales de carácter popular que aseguraban luchar por España y por el rey. La Junta Suprema Central, que gobernaba en nombre de Fernando VII, funcionó a partir de septiembre de 1808 en Aranjuez y Sevilla, y declaró en enero de 1809 que las colonias americanas eran territorio español; dando paso, sin advertirlo, a la posibilidad de que en América se formaran juntas similares.

Esta misma Junta Suprema Central, sin embargo, mostraría su preocupación por los nacientes movimientos independentistas y ordenaría su represión con la misma saña que luego lo haría el rey Fernando VII a su regreso al trono. No obstante, las Juntas de Gobierno de América prenderían la mecha de la independencia en toda la región.

Primera Junta de Gobierno de Quito

El marqués Juan Pío de Montúfar, presidente de la primera Junta.

Esta coyuntura, el ejemplo de las juntas creadas por los propios españoles, la influencia de la Revolución Francesa y de la independencia de los Estados Unidos, inspiraron en Quito los planes para formar una Junta Soberana. En la madrugada del 10 de agosto de 1809 los rebeldes sorprendieron a los comandantes españoles de la guarnición de Quito y sitiaron el Palacio Real, obligando al Conde Ruiz de Castilla, presidente de la Real Audiencia, a capitular.

Se formó entonces la Junta Soberana de Quito bajo el liderazgo de Juan Pío Montúfar, Marqués de Selva Alegre; quienes tomaron posesión de la administración de la Audiencia en la sala capitular del Convento de San Agustín, el 16 de agosto. Ésta trazó los primeros bosquejos de lo que hoy es la República de Ecuador, creando sus primeras instituciones, como el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y las Fuerzas Armadas. El 10 de agosto contó con masivo apoyo popular, pues cada uno de los barrios de la capital nombró nueve diputados al Congreso, que fueron en su mayoría los propios nobles quiteños, como los marqueses de Solanda, Villa Orellana, y Miraflores, así como profesionales ilustrados como Manuel Zambrano, Manuel de Larrea y Manuel Matheu, quienes conformaron por primera vez el Poder Legislativo ecuatoriano.

Tan pronto se conocieron los sucesos del 10 de agosto, los gobernadores españoles de Guayaquil y Cuenca respondieron con la brutalidad habitual en la época:[1]

"Particular actuación contrarrevolucionaria tuvieron, en Cuenca, el Gobernador Melchor de Aymerich (quién años después vencería a los quiteños y sería nombrado presidente de la Real Audiencia, para ser finalmente derrotado por Sucre en el Pichincha) y el Obispo Andrés Quintián Ponte, en contraste con el Obispo José Cuero y Caicedo de Quito, y en Guayaquil, el Gobernador Bartolomé Cucalón y Sotomayor, adoptó severas medidas de represalia. Se ordenó a Francisco Baquero, en Bodegas (Babahoyo), que apresara a todos los quiteños que bajaran de la Sierra, como en efecto se hizo, con secuestro y remate de todos sus bienes, que se les condujera a Guayaquil con grilletes y que se les encerrara en mazmorras. Rigor especial se tuvo con los presos enviados por Aymerich desde Cuenca, a los que encerró con cepos y grilletes, al extremo de que uno de ellos, Joaquín Tobar, Interventor de Correos de Cuenca, murió "con los grilletes puestos".

Solo las ciudades más cercanas, como Ibarra, Ambato y Riobamba, se sumaron al movimiento quiteño, mientras que Guayaquil se mantuvo leal al rey y sus autoridades pidieron al virrey del Perú el bloqueo de la costa ecuatoriana para asfixiar a Quito. Desde Bogotá y Lima, los virreyes españoles despacharon con suma urgencia tropas para sofocar a la Junta Soberana. En Popayán, el alférez real Gabriel de Santacruz contestó lo siguiente:[2]

"Considerando que arbitrariamente se han sometido los revoltosos quiteños a establecer una Junta sin el previo consentimiento de la de España, y como se nos exige una obediencia independiente de nuestro Rey Don Fernando VII, por tan execrable atentado y en defensa de nuestro monarca decretamos: Art. único. Toda persona de toda clase, edad y condición, inclusos los dos sexos, que se adhiriese o mezclase por hechos, sediciones o comunicaciones en favor del Consejo central, negando la obediencia al Rey, será castigado con la pena del delito de lesa majestad".

Así, poco a poco Quito empezaba a sentir la presión de los ejércitos realistas sobre sus hombros: «"El envío de tropas desde el Norte (de Panamá, Bogotá, Popayán, Pasto y Barbacoas) y desde el Sur (de Lima, Guayaquil y Cuenca), el bloqueo de la costa por parte del Virrey del Perú, General José Fernando Abascal y Sousa, Marqués de la Concordia. Era esta la difícil situación de Quito, asediada por estas fuerzas, sin sal, sin armas suficientes y sin pertrechos, lo que originó el debilitamiento de la Junta.»[1]​ Finalmente, aislada y bloqueada, el 24 de octubre de 1809 la Junta no tuvo otra opción que devolver el mando al conde Ruiz de Castilla, negociando con él que no se tomarían represalias y permitiendo el ingreso a la ciudad sin resistir de las tropas coloniales de Lima y Bogotá.

Masacre del 2 de agosto de 1810

El viejo Conde retornó a su Palacio el 25 de octubre, entre los vítores de sus simpatizantes. En la cercana Ambato, el ejército de Melchor de Aymerich, con 2200 soldados se preparaba para ingresar a Quito. Pero Ruiz de Castilla le ordenó a Aymerich retornar con su ejército a Cuenca, mientras esperaba la llegada de 700 hombres procedentes de Guayaquil, al mando de Manuel de Arredondo, un oficial español hijo de uno de los virreyes del Río de la Plata, Nicolás Antonio de Arredondo. En total, los españoles tenían una fuerza militar de 3500 hombres sitiando Quito, por lo que Ruiz de Castilla simplemente disolvió la Junta, y restableció solemnemente la Real Audiencia de Quito, faltando a su palabra de manera escandalosa.

Luego persiguió y encarceló a los cabecillas del 10 de agosto, obligando a los otros miembros a huir y esconderse. Con la ciudad ocupada por el Ejército colonial de Arredondo, Ruiz de Castilla ordenó a la Audiencia el inicio de procesos penales contra todos los patriotas, que fueron detenidos en su mayoría, al menos los que no tenían títulos nobiliarios.

El 2 de agosto de 1810, se produjo un motín popular, conocido como Motín del 2 de agosto de 1810 con la intención de liberar a los presos. Historiadores como Pedro Fermín Cevallos creen que tras el motín estuvieron Morales y Salinas, que tramaron su liberación para evitar el protagonismo de la familia Montúfar, puesto que Carlos Montúfar estaba camino de Quito en calidad de comisionado regio. Otros, como Quiroga, desconocieron del intento, por lo que sus hijas que lo visitaban se vieron envueltas en la refriega.

Los quiteños atacaron dos cuarteles: el Real de Lima, el de Santa Fe y una casa conocida como el Presidio, donde estaban detenidos los presos del pueblo.

Los soldados respondieron asesinando a los presos en los calabozos del piso alto, y luego salieron a la calle García Moreno a enfrentarse con la turba. Durante la tarde, se produjeron choques en los barrios de San Blas, San Sebastián y San Roque, mientras los soldados saqueaban las casas más ricas del centro. Entre 200 y 300 muertos y por los menos medio millón de pesos en pérdidas dejó la criminal represalia ordenada por Ruiz de Castilla y Arredondo.

Segunda Junta de Gobierno de Quito

Coronel Carlos de Montúfar. Comisionado de Regencia.

Tras una travesía de cuatro meses desde España, el 9 de septiembre de 1810 entró en Quito el coronel Carlos de Montúfar, en su calidad de Comisionado Regio, recibido con honores por el conde Ruiz de Castilla pero con algo de recelo por el resto de autoridades españolas, que veían descontentas el hecho por tratarse del hijo de Juan Pío Montúfar, II Marqués de Selva Alegre, y quien había presidido la Suprema Junta de Gobierno (tachada de independentista) en 1809 con su respectiva persecución por disidencia.[4]

"Don Carlos Montúfar, mancebo de buen sentido y de valor, regularmente disciplinado en la famosa escuela de la guerra contra los franceses, metidos en España, y de los vencedores en Bailén; era, a no dudar, el más a propósito que entonces podía apetecer la patria para defender su causa. Llegó en circunstancias en que gobernantes y gobernados se miraban, más que con desconfianza, con airado encono, y en las de que, aun cuando se habían despedido las tropas de Lima, todavía conservaba el presidente mil hombres de guarnición, y esperaba que le llegarían bien pronto las pedidas a los gobernadores de Cuenca y Guayaquil."

Tan pronto arribó, el joven Montúfar decidió convocar una nueva Junta a la que se denominaría de Gobierno, y que estaría presidida por un triunvirado conformado por Ruiz de Castilla, el obispo de Quito Cuero y Caicedo y el propio Carlos Montúfar. Más tarde Ruiz de Castilla sería obligado a renunciar y seria depuesto por el obispo Cuero y Caicedo. Entre el 22 y el 25 de septiembre se realizaron diferentes reuniones en la Sala Capitular del Convento de San Agustín, en la misma se eligieron los miembros y representantes de la ciudad a la Junta Superior de Gobierno.[6]

Así, el 25 de septiembre de 1810 se estructuró el gobierno de Quito, plasmado en la definición de los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo, y Judicial. El poder Ejecutivo estuvo presidido por don Juan Pío Montúfar, e integrado por Pedro Quiñones Cienfuegos, Calixto Miranda, Ignacio Ortiz de Ceballos y Jacinto Sánchez de Orellana. El poder Legislativo estuvo regido por Antonio Tejada, el provisor Manuel Caicedo, Luis Quijano, José Salvador, Miguel Suárez y José Ascázubi. Finalmente, el poder Judicial estuvo conformado por Javier Gutiérrez, Juan José Mena y Luis González. Con la conformación e instalación de la Junta Superior de Gobierno de Quito se establecieron las bases para organizar política de la provincia.[5]

Una de las primeras decisiones de la Junta fue declarar la amnistía a los sucesos acaecidos en 1809, permitiendo el regreso de quienes habían huido (incluido el padre de Carlos Montúfar, Juan Pío). Se restableció las tropas juntistas, dotándolas del armamento que de una u otra forma lograron retener de las de Perú o Panamá que habían ya abandonado Quito por orden de Ruiz de Castilla. Al conocer dichas decisiones, el virrey Abascal se puso en alerta y detuvo el embarque de aprovisionamiento al Cuartel de Quito, sosteniéndole en la fiel a la corona, Guayaquil, bajo la excusa de dificultades de transporte. De la misma manera se detuvo a las tropas panameñas en Guaranda bajo la premisa de que no existía alojaminto ni víveres en el puerto para el momento de su llegada y su embarco de regreso a Panamá; logrando de esta manera vigilar los movimientos que daría el coronel Montúfar, y que el Virrey de Perú intuía eran peligrosos.[7]

Renuencia de Guayaquil

Cuando Carlos Montúfar quiso visitar las ciudades de Guayaquil y Cuenca, en su calidad de Comisionado Regio, estas no le quisieron recibir. En efecto, Guayaquil se había declarado separada de la Audiencia de Quito y el Virreinato de Nueva Granada para ligarse al Virreinato del Perú, por lo que el virrey Abascal le escribió una misiva que rezaba: «(...) desconociéndole como Comisionado del Rey, pues no he recibido ninguna comunicación al respecto. Y aún en el supuesto de que fuere tal Comisionado no se puede extender demasiado las facultades que se la ha concedido, hasta el extremo de dictar leyes y organizar Juntas que turban la paz y tranquilidad de estos pueblos».[6]

Para ejercer la misión a él encomendada por España, y conocer con certeza la posición del pueblo guayaquileño, Carlos Montúfar envía una carta dirigida al Ayuntamiento de esa ciudad el 20 de septiembre; en la misma explicaba que en ejercicio de su cargo de Comisionado del Consejo de Regencia para la Real Audiencia de Quito, ha determinado pasar a la ciudad portuaria. Manifiesta también que desconoce la arbitraria y abusiva separación que hizo el Virrey de Perú sin disposición especial del Virreinato de Nueva Granada, a cuya jurisdicción pertenecía Guayaquil. Ocho días después dirige nuevamente una carta a nombre de la Junta de Gobierno firmada por él mismo y el Conde Ruiz de Castilla, solicitando la designación de los representantes de Guayaquil para su conformación, electos mediante convocatoria de los cuerpos y nobleza[6]

El Ayuntamiento de Guayaquil, en sesión celebrada el 28 de septiembre con presencia de Francisco Gil, Vicente Rocafuerte y Francisco Javier Paredes, conoce la carta de Montúfar y sus intenciones de visitar la ciudad; a la que responde: «(...) respecto de esta Provincia, está quieta y tranquila, sin necesidad de otras reformas y disposiciones que las que ha tomado el excelentísimo señor Virrey del Perú (...) y respecto de que este Cabildo no puede hacer nada que no sea conforme a lo que el el referido excelentísimo señor tenga bien en disponer en este asunto, detenga su viaje».[6]

Respecto a la carta enviada a nombre de la Junta de Quito, la respuesta del Ayuntamiento fue: «acerca de esta incidencia se ha dado cuenta al Sr. Virrey del Perú, a quien únicamente esta Provincia quiere subordinarse, se acordó contestar al Sr. Presidente de Quito y Comisionado Regio, reproduciéndole la contestación anterior». Esta última parte se refiere a la misiva enviada por el virrey Abascal al Ayuntamiento guayaquileño: «(...) se diga a dichos señores que excusen más solicitudes que traigan el mismo aspecto con referencias a esos propios objetos y que se entiendan directamente conmigo, el Virrey».[6]

Muere así toda esperanza de que Guayaquil se una al plan trazado por el coronel Carlos de Montúfar. De igual manera recibió respuestas negativas del Ayuntamiento de Cuenca; quedando relegada la Junta a los territorios de Quito, Ibarra, Esmeraldas, Riobamba, Latacunga, Otavalo, Ambato y Guaranda.

Independencia

Obispo José de Cuero y Caicedo. Presidente del Estado de Quito.

Para el 9 de octubre de 1811, la Junta de Gobierno, volvió a declarar que no obedecería al virrey de la Nueva Granada, reivindicando los valores de la Junta del 10 de agosto de 1809. Apenas dos meses después, es decir el 11 de diciembre de 1811, Quito proclamó su independencia total de España. Jurídicamente, este es el episodio más importante en el proceso de formación del Estado ecuatoriano actual. La mayoría de sus gestores, son los personajes que mejor entendieron, desde la perspectiva quiteña, la significación política de una Constitución y quienes le dieron dimensión histórica a la Nación/Estado de Quito.[8]

Manuel Ruiz Urriés de Castilla fue obligado a renunciar a la presidencia de la Junta, siendo sustituido por el obispo Cuero y Caicedo, quien firmaba sus decretos de esta manera: «"Joseph, por la gracia de Dios, Obispo y por la voluntad de los pueblos Presidente del Estado de Quito"». Nuevamente, las ciudades cercanas le declararon la guerra a Quito y despacharon tropas para someterla, como las que iniciaron travesía desde Lima al mando de Toribio Montes para someter al nuevo Estado.

El 15 de febrero de 1812 se promulgó la primera Constitución ecuatoriana: la Constitución del Estado de Quito, que establecía una República con división de poderes. Este fue el primer Estado independiente y soberano proclamado en el territorio del actual Ecuador y ejerció jurisdicción sobre la Sierra central y norte, así como sobre el litoral de Esmeraldas.[9]

Durante esta etapa, y con un pueblo que guardaba la memoria de la crueldad ejercida por el gobierno del anciano Conde Ruiz de Castilla y sus tropas el 2 de agosto de 1810, la ciudadanía enardecida cobró venganza y asesinó al asesino cruel el 15 de junio de 1812. Este hecho fue llevado a cabo por mestizos e indígenas del barrio de San Roque que asaltaron el Convento de La Merced, donde se había refugiado Ruiz Urriés de Castilla después de renunciar a la Junta de Gobierno.[10]​ También fueron ejecutados el oidor Fuertes y Amar, uno de los más crueles perseguidores de los quiteños, y los monárquicos Pedro y Nicolás Calixto.

El Congreso Constituyente

Dr. Antonio Ante, diputado por la ciudad de Guaranda.

El acta de instalación del Congreso Constituyente del Estado de Quito fue suscrita el 11 de diciembre de 1811 en el Palacio Real, por las siguientes personas, quienes además repartieron los cargos dentro del nuevo Gobierno que empezaba aquel día:[9]

Nombre Posición en el Gobierno
Poder Ejecutivo
José de Cuero y Caicedo
Obispo de Quito
Presidente
Juan Pío Montúfar
II Marqués de Selva Alegre
Vicepresidente
Dr. Luis Quijano Secretario de Estado y Guerra
Vocal
Dr. Salvador Murgüeitio Secretario de Gracia, Justicia y Hacienda
Vocal
Representantes del Clero
Francisco Rodríguez Soto Representante del Cabildo eclesiástico
Fray Álvaro Guerrero Representante del Clero regular
Prudencio Vásconez Diputado del Clero Secular
Representantes de la Nobleza
Jacinto Sánchez de Orellana
II Marqués de Villa Orellana
Representante de la alta nobleza
Mariano Guillermo Valdiviezo Representante de la baja nobleza
Representantes del Pueblo Llano
Manuel Zambrano Representante del Ayuntamiento
Manuel Larrea
Marqués de San José
Diputado por la parroquia de Santa Bárbara
Manuel Matheu y Herrera
Hijo de los Marqueses de Maenza
Diputado de la parroquia de San Marcos
Mariano Merizalde Diputado de la parroquia de San Roque
Miguel Antonio Rodríguez Diputado de la parroquia de San Blas
Vocal
Calixto Miranda Suárez de Figueroa Diputado por la ciudad de Ibarra
Manuel Guizado y Palazuelos Diputado por la ciudad de Otavalo
Dr. Francisco Aguilar Diputado por la ciudad de Riobamba
Dr. José Manuel Flores Diputado por la ciudad de Latacunga
Dr. Miguel Suárez Diputado por la ciudad de Ambato
José Antonio Pontón Diputado por la ciudad de Alausí
Dr. Antonio Ante Diputado por la ciudad de Guaranda

La Constitución del Estado de Quito

El 1 de enero de 1812, Cuero y Caicedo convoca un Congreso para elaborar la ley constituyente. Es en esta época que Francisco Calderón (padre de Abdón Calderón) empezó a ganar prestigio apoyado por el grupo del Marqués de Villa Orellana, Jacinto Sánchez de Orellana. Sin embargo, en el Congreso, los llamados montufaristas lograron una mayoría, lo que dificultaba el panorama a los autodenominados sanchistas.[7]

El Doctor Agustín Salazar y Lozano, en sus libro "Recuerdos de los Sucesos Principales de la Revolución de Quito desde el año 1809 hasta el de 1814" sostiene que:[3]

Al instalarse el Congreso, se presentaron dos ensayos de carta constitucional. En realidad, fueron tres, todos redactados por miembros ilustrados del clero, que participaban como Diputados:

Uno lo preparó el canónigo penitenciario Manuel José Guizado y Palazuelos, diputado por el corregimiento de Otavalo y del cual se desconoce el texto. Otro fue elaborado por el canónigo Calixto Miranda Suárez de Figueroa, Diputado por la ciudad de Ibarra y maestrescuela de su Catedral, proyecto que Alfredo Ponce Ribadeneira publicó en 1960 en su obra "Quito: 1809-1812".

Un tercero fue presentado por el presbítero Miguel Antonio Rodríguez, profesor de filosofía, quien participaba como Vocal y Diputado por la parroquia de San Blas. Fue este documento el que finalmente se adoptó; y sobre ello existen varios testimonios, como el del profesor e historiador alemán, Ekkehart Keeding, quien interesado en la Historia iberoamericana residió 11 años en Quito.
Palacio Real de Quito, lugar donde fue emitida la Constitución de 1812.

La Constitución quiteña, emitida el 15 de febrero de 1812 en el Palacio Real, con el fin de declarar la independencia y la unión de las provincias que formarían el nuevo Estado; en un acto de fundación, de la manifestación soberana de la conformación de una entidad política y la culminación del proceso que se inició el 10 de agosto de 1809 con la Primera Junta de Gobierno. Se trata de la primera carta política de Ecuador, cuya originalidad corre a la par con la dialéctica conceptual de los fundadores, que en el preámbulo del documento articuló una visión compleja, inusual e interesante de los fundamentos de la nueva autoridad, es decir, de la legitimidad del mando republicano que iba a sustituir al dominio colonial.[8]

Este estatuto político consagraba una forma de gobierno popular y representativa, cuya autoridad máxima sería un Supremo Congreso de Diputados formado por representantes de las Provincias Libres, en el que debía radicar la Representación Nacional y la autoridad soberana del Estado. Para la administración del país, este Supremo Congreso debía nombrar a la autoridad gubernamental, que estaría dividida en tres poderes diferentes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a ser ejercidos por cuerpos o personas diferentes. El Poder Ejecutivo estaría integrado por un Presidente del Estado, tres Asistentes y dos Secretarios con voto informativo. El Poder Legislativo, por un Consejo o Senado compuesto de tantos miembros como provincias tuviere el país. Y el Poder Judicial, por cinco jueces que ejercerían una presidencia rotativa, y un fiscal. Al Supremo Congreso, que debía renovarse cada dos años, quedaba asignada la función de ser Tribunal de censura y vigilancia constitucional, proteger y defender los derechos del pueblo, y actuar como Juez en el juicio de residencia que indefectiblemente debía abrirse contra los miembros de los poderes ejecutivo y judicial al término de su mando.[11]

Uno de los principales argumentos para la identificación clara de la declaratoria de independencia puede ser encontrado en el artículo 2 del documento, en donde se especifica que el nuevo Estado es independiente de otros similares y sus gobiernos, llamando a una integración de otros pueblos de la América colonial:[9]

“El Estado de Quito es y será independiente de otro Estado y Gobierno en cuanto a su administración y economía interior, reservándola a la disposición y acuerdo del Congreso General todo lo que tiene trascendencia general al interés público de toda la América, o de los Estados de ella que quieran confederarse.”

Este último artículo responde a la necesidad imperante de pactar con los granadinos, cuyas Juntas eran las únicas de las que Quito podía esperar cierta aceptación, y de esa manera concentrarse en los ataques que recibía desde el sur y Guayaquil, y por ello se dispuso que la nueva Constitución además separara totalmente a Quito del Consejo de Regencia y de las Cortes de Cádiz, debiendo permanecer también libres de toda dependencia, sujeción y arbitrio de cualquier otro gobierno extraño, garantizando así la buena vecindad sin poner en riesgo la soberanía. Este paso era decisivo, pues no escondía el rechazo a la injerencia extranjera, ya sea de los dos virreynatos que rodeaban a Quito, o del mismo Rey de España[7]

Según el Congreso Constituyente, si bien las potestades políticas de sus mandatarios y diputados son un encargo del "pueblo soberano", el origen del poder y el correlativo deber de obediencia de los ciudadanos, nace finalmente de Dios. La Providencia Divina es, según ellos plasman claramente en la carta constitucional, la que determina los acontecimientos y coloca a los pueblos en condiciones de elegir su destino. Es entonces que, habiéndose puesto en cuestión la autoridad del rey español y habiendo desaparecido su soberanía real por efecto de la invasión napoleónica a España, el poder y la soberanía que fueron transitorio encargo divino a la realeza, volvieron a radicarse en el pueblo, en quien originariamente reside tal potestad. Y es esa soberanía política reasumida la que legitima la expedición de la nueva Constitución y la fundación del Estado de Quito.[8]

El documento de la Constitución quiteña de 1812 está firmada solo por parte de los miembros del Congreso Constituyente original; a saber:[9]

  • Obispo José de Cuero y Caicedo, Presidente de Quito.
  • Juan Pío Montúfar, Vicepresidente de Quito.
  • Francisco Rodríguez Soto, Representante del Cabildo eclesiástico.
  • Fray Álvaro Guerrero, Representante del Clero regular.
  • Calixto Miranda, Diputado de la provincia de Ibarra.
  • Dr. Francisco Aguilar, Diputado de la provincia de Riobamba.
  • Dr. José Manuel Flores, Diputado de la provincia de Latacunga.
  • Miguel Suárez, Diputado de la provincia de Ambato.
  • Manuel Larrea, Diputado de la parroquia de Santa Bárbara.
  • Dr. Mariano Merizalde, Diputado de la parroquia de San Roque.
  • Manuel José Caicedo.
  • Vicente Lucio Cabal.