Caso Nóos
English: Nóos case

Caso Nóos
TribunalJuzgado de Instrucción N° 3 de Palma de Mallorca
Nombre completoCaso Nóos
Fecha2010 - febrero de 2017
Sentencia17 de febrero de 2017
JuecesJosé Castro Aragón
Palabras clave
malversación, fraude, lavado de dinero

El caso Nóos, también conocido como caso Urdangarin o como Operación torre de Babel,[2]

El 11 de enero de 2016 se celebró la vista oral ante la Audiencia Provincial de Baleares.[3]

Cronología

2006

En el mes de febrero de 2006, el diputado socialista en el Parlamento balear, Antoni Diéguez, difundió que el Govern entonces presidido por el popular Jaume Matas había pagado 1,2 millones de euros a la Fundación Nóos para que celebrara en Palma de Mallorca un Foro sobre Turismo y Deporte entre el 22 y el 25 de noviembre de 2005. El evento duró tres días y su repercusión fue mínima.[4]​ A pesar de estas primeras sospechas, el asunto dormitó durante varios años. Nóos y sus empresas satélite siguieron desempeñando sus actividades hasta entrado el año 2009.

2007

En el verano de 2007 estalló el caso Palma Arena, al descubrir el recién constituido gobierno balear, presidido por el socialista Francesc Antich, un sospechoso descuadre de más de 50 millones de euros en las cuentas del recién inaugurado polideportivo Palma Arena. La instalación había costado 110 millones, pese a que el precio de licitación de la obra se fijó en 43.[5]

2009

Los duques de Palma se mudaron a Washington D. C., donde Iñaki Urdangarín asumió un cargo de alto ejecutivo de Telefónica.

2010

El caso Nóos se abrió definitivamente como derivado del caso Palma Arena.[5]

El 22 de julio de 2010 el juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, abrió una nueva pieza en la causa en la que pedía información sobre los convenios firmados en 2005 y 2006 entre la Fundación Illesport, el Instituto Balear de Turismo (Ibatur), dependientes del Govern balear, y el Instituto Nóos, presidido entonces por el duque de Palma, Iñaki Urdangarin.[8]

El diario El País encontró un documento de un presupuesto sospechoso por un evento internacional que el mencionado instituto organizó cuando Urdangarín llevaba la gestión (desde 2004 a 2006).[10]

Estos convenios, según el criterio del instructor del caso y la Fiscalía Anticorrupción, son irregulares, dado que las entidades públicas no pueden firmar este tipo de acuerdos con empresas privadas a menos que se justifique que es la única forma de recibir el servicio. Además no se convocaron concursos públicos. Los responsables de Nóos crearon, según las investigaciones, una red societaria que facturaba al Instituto, es decir, se contrataban a ellos mismos.[11]

La Agencia Tributaria de Cataluña presentó ante el juez instructor del caso Nóos un informe sobre las operaciones del entramado empresarial y elevó a más 230 000 euros la cantidad que en 2007 la entidad habría eludido abonar a Hacienda por el Impuesto de Sociedades.[12]

2011

Número 224 de la calle Balmes de Barcelona, en cuya cuarta planta estaba situada la sede social de Aizoon y Baf Tejeiro, el bufete de asesoramiento fiscal de los cuñados de Diego Torres.

El juez José Castro, citó el 2 de junio de 2011 como imputado al ex vicepresidente del Instituto Nóos, Diego Torres. En su declaración ante el juez el 11 de julio defendió la legalidad de los dos convenios firmados con el Govern.[8]

El fiscal anticorrupción de Baleares, Pedro Horrach, dirigió el 8 de noviembre de 2011 el registro por parte de Agentes del Cuerpo Nacional de Policía de las oficinas de una red de sociedades vinculadas al Instituto Nóos en Barcelona y del piso particular de Diego Torres. Dos de los edificios registrados fueron la sede del Instituto Nóos en Mestre Nicolau 19 y la sede de Aizoon en Balmes 224. Esta última sede estaba situada en la cuarta planta del edificio, sede también de Baf Tejeiro, Medina, Tejeiro, el bufete de asesoramiento fiscal de los cuñados de Diego Torres, Miguel y Marco Antonio Tejeiro, entre otros profesionales.[14]

El mismo día la Policía Judicial recogió de las sedes de la Conselleria de Presidencia de la Generalidad Valenciana y de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) documentación sobre los contratos firmados con el Instituto Nóos.[8]

El juez Castro levantó el secreto del sumario sobre esta pieza e imputó a Iñaki Urdangarín el 29 de diciembre de 2011 por presuntos delitos en la actividad de Nóos de evasión de impuestos, fraude fiscal, prevaricación, falsedad documental y malversación de caudales públicos. En el auto, hecho público el 2 de enero de 2012, se refleja que el Duque de Palma y su socio Diego Torres percibieron 5,8 millones de euros del Instituto Nóos, una cantidad equivalente obtenida por la entidad a través de los Gobiernos valenciano y balear. Según el detalle de esos cobros 2 794 440 euros fueron recibidos por Nóos Consultoría Estratégica entre 2004 y 2007 y 397 996 euros por De Goes Center for Stakeholder Management entre 2006 y 2007. Además, el duque de Palma recibió 747 889,54 euros entre 2004 y 2005 de la inmobiliaria Aizoon, cuya propiedad comparte con su esposa, la infanta Cristina. El resto del dinero fue percibido por su socio, al que Virtual Strategies abonó 749 505,61 euros, Shiriaimasu 456 381,73 euros e Intuit Strategy Innovat 853 103,40 euros, siempre entre 2004 y 2007.[8]

La Fiscalía cifra que de la suma total 3 519 533,90 euros fueron abonados por la Generalitat Valenciana (directamente o a través de la Fundación Turismo Valencia o la Ciudad de las Artes y de las Ciencias) y los otros 2 285 000 euros por el Gobierno balear a través de la Fundación Illesport.[8]

2012

El 1 de febrero de 2012, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno rechazó asumir la competencia sobre la denominada Operación Babel, que investigaba las actividades de Urdangarin al frente del Instituto Nóos. Por lo tanto, el caso continuará su instrucción por el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca, José Castro. Según el auto dictado por el juez central número dos, unas defraudaciones como las investigadas en esta causa "es obvio que no tienen la entidad y significación suficiente para conmover la confianza que es fundamento necesario de la seguridad del tráfico mercantil o para alterar el normal desarrollo de la economía nacional".[15]

Los dos primeros imputados llamados a declarar fueron el exsocio de Urdangarín, Diego Torres, y su mujer, Ana María Tejeiro, que se acogieron a su derecho a no declarar el 11 de febrero de 2012. Sí lo hizo Miguel Tejeiro, hermano de la mujer de Torres, que ejerció de contable en varias de las sociedades y fue secretario de Nóos. Tejeiro reconoció que el duque de Palma y su socio crearon una sociedad en Belice, asesorados por el abogado especializado en fiscalidad Salvador Trinxet, para pagar menos impuestos, aunque matizó que la operación era legal. Una semana después, el 18 de febrero, declaró el exdirector general de Deportes de Baleares, José Luis "Pepote" Ballester, que reconoció ante el juez que Urdangarin y Matas pactaron los contratos y desvinculó de estos tratos a la infanta Cristina.[8]

El 24 y 25 de febrero hacía declaración Iñaki Urdangarín. En su testimonio, que se extendió durante dos días, reivindicó su "inocencia" y la "total transparencia" de su actuación, además se desvinculó de la gestión del Instituto Nóos y exculpó a la infanta Cristina. Durante su segundo día de declaración reconoció que en 2006 el Rey le había pedido, por mediación de su amigo y asesor legal José Manuel Romero Moreno, conde de Fontao, que abandonase el Instituto Nóos y se dedicase a actividades no lucrativas, aunque hizo caso omiso del emisario real y, en 2008, volvió a hacer negocios. Además el fiscal destapó la existencia de una cuenta bancaria en Suiza que Urdangarin aceptó haber utilizado.[8]

El 19 de diciembre la Fiscalía Anticorrupción solicitó ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma su escrito de responsabilidad civil en el que solicitaba una fianza de 8 189 448 euros para el duque de Palma, Iñaki Urdangarin, su ex socio Diego Torres y las empresas administradas por ambos imputados y a través de las cuales presuntamente desviaron los fondos públicos y privados que obtuvieron a través del Instituto Nóos. El fiscal Pedro Horrach solicitaba de este modo que se abriera una pieza separada de responsabilidad civil, en el marco de la cual se diera traslado a las partes personadas en el 'caso Nóos' para que se pronunciasen e hiciesen las alegaciones que estimaren oportunas, tras lo cual el juez, José Castro, dictará un auto mediante el que decidirá si estima o no la petición de la Fiscalía.[16]

2013

En enero la Abogacía del Estado se persona como acusación particular en el llamado caso en representación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) ante un presunto fraude fiscal por valor de unos 470 000 euros en el que estaría implicado Iñaki Urdangarin y el Instituto Nóos. La Abogacía del Estado solicitaba ser parte en la causa tras haber tenido conocimiento de la denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción por la supuesta comisión de dos delitos fiscales por el impago del IRPF en 2007 y 2008 por parte del marido de la Infanta Cristina y de un delito contra la Hacienda Pública en el Impuesto de Sociedades en 2007 en el caso de la entidad aparentemente sin ánimo de lucro.[17]

En febrero de 2013 se inició una nueva serie de interrogatorios por parte del juez instructor del caso Nóos José Castro a los principales imputados, Torres y Urdangarin. El 16 de febrero se tomó declaración a Torres, ex socio del duque de Palma. Torres declaró que el duque de Palma fue apartado en marzo de 2006 por la Casa del Rey de los negocios que ambos mantenían con Administraciones públicas, pero solo en apariencia, no realmente. «Don Iñaki seguía detrás de los proyectos y esto tampoco era ajeno [a la Casa del Rey] (...) La recomendación era que se cubrieran las apariencias, pero no que no pudiera estar en la fundación». Durante el interrogatorio al imputado, el juez quiso hacer un resumen de lo que él creía que había ocurrido tras esa sugerencia real: "Urdangarin podía hacer lo que le viniera en gana, siempre y cuando no figurara en los órganos de administración". Torres le contestó: «En esencia, lo que el señor Romero le vino a decir era así». En las 138 páginas de transcripción literal de las declaraciones de Diego Torres del sábado día 16 consta la versión sobre un supuesto pacto de silencio o el eventual chantaje entre ambos ex socios. Diego Torres apuntaló esta tesis: «Tengo montones de comentarios del señor Urdangarin de sus conversaciones con su esposa, sus opiniones y absolutamente de acuerdo en la línea que se estaba tomando se cuidaran las apariencias y que simulara estar fuera de Nóos».[18]

El antiguo socio del yerno del rey aseguró también ante el juez que la infanta Cristina, esposa de Urdangarin, participaba activamente en los negocios de Nóos como miembro de la junta directiva del instituto. Sin embargo, a la pregunta del fiscal Horrach: “«¿La Infanta cobraba del Instituto Nóos?», Diego Torres respondió «No, directamente del Instituto Nóos no ha cobrado».[18]

Torres le contó al juez que para el marido de la Infanta Cristina era «muy duro y muy difícil de aceptar» dejar la presidencia del Instituto Nóos. Según la transcripción entregada hoy a los abogados, Urdangarín, pese a las instrucciones procedentes de la Casa Real, continuó detrás de los proyectos puesto que «seguía teniendo mucho interés en estas actividades». «¿Por qué se hizo entonces "ese simulacro de apartamiento"?», insistió Castro. «Por presión mediática y por decir 'ya lo estoy dejando'».[18]

El 23 de febrero se filtró a la prensa que la judicatura aceptaba en el sumario los correos electrónicos aportados por uno de los imputados, Diego Torres. Con ello se trastocó una de las estrategias de la defensa de Urdangarín, cuyo abogado, Mario Pascual, reclamó la nulidad y expulsión del sumario de los correos.[19]

En febrero, el Síndic major de Comptes de la Generalidad Valenciana, Rafael Vicente Queralt, declaró en relación a los Valencia Summit gestionados por Nóos: "No se justificaba la necesidad del gasto, no se justificaba el precio y no se justificaba la excepcionalidad en la contratación".[20]

El 27 de febrero se filtró a la prensa que La Fiscalía no veía ningún indicio contra la Casa Real ni la infanta Cristina en el 'caso Nóos', ya que las últimas declaraciones, investigaciones y correos entregados por el ex socio de Iñaki Urdangarin, Diego Torres, no habrían aportado prueba alguna que avalara una supuesta intervención en los negocios del duque de Palma. Asimismo, el ministerio público tampoco vio indicios en el caso contra la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y el expresidente de Valencia Francisco Camps por los pagos que se hicieron por la celebración de los Valencia Summit.[21]

El 5 de marzo se filtró a la prensa la transcripción completa del interrogatorio de Urdangarín el pasado 23 de febrero. En el documento, de 84 páginas de extensión, Urdangarín mantiene su postura exculpatoria con respecto a su mujer y alega desconocer muchos de los detalles del funcionamiento de la asociaciones que presidió y dirigió.[22]

En abril de 2013, la infanta Cristina fue imputada por el juez por presunta apropiación indebida de fondos públicos.[24]

El 7 de mayo de 2013, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares decidió suspender la imputación de la infanta Cristina. La decisión fue votada por dos de los tres jueces que conformaban la Audiencia, mientras que el magistrado Juan Jiménez se mostró a favor de mantener la imputación.[26]

El 14 de mayo, el juez instructor José Castro encomendó a la Agencia Tributaria una exhaustiva indagación sobre los supuestos delitos fiscales y de blanqueo de capitales en las actividades de la infanta Cristina. El juez inicia así “una línea de investigación tendente a acreditar o descartar la posible comisión” de supuestos delitos de la hija de los Reyes.[27]

El 4 de noviembre José Castro embargó la mitad indivisa del lujoso palacete de Pedralbes y otras tres viviendas menores en Palma y Tarrasa, de las que los duques de Palma y su sociedad privada Aizóon son titulares. El total de bienes embargados fue de 16 propiedades, incluidos garajes, trasteros y aparcamientos. El embargo judicial se extiendió sobre las propiedades de Diego Torres, por las casas que compartía con su mujer Ana María Tejeiro —imputada— en San Cugat del Vallés y Mataró, Palma y Mahón. El juez Castro actuó porque el yerno del Rey y su exsocio, Diego Torres, no abonaron ni hicieron frente en efectivo ni con avales bancarios a la fianza de responsabilidad civil, solidariamente para ambos, de 6,1 millones de euros.[28]

2014

El 7 de enero de 2014, el juez Castro decidió imputar a la infanta Cristina por blanqueo y delito fiscal.[31]

Finalmente, en junio, el juez solo consideró culpable a 16 personas, incluida la hermana del rey. Y el juez Castro invitó al fiscal Horrach a querellarse contra él por prevaricación.[32]

El 7 de noviembre de 2014, la Audiencia de Palma confirmó la imputación de Cristina de Borbón y Grecia por delito fiscal, aunque no por blanqueo de capitales. Contra dicha decisión no cabe recurso.[33]

El 22 de diciembre de 2014, la Audiencia de Palma dictó el Auto de Apertura de Juicio Oral [35]

2016

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional investiga desde fines del 2014 a la acusación popular en el caso Noos, el Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias, por coordinarse con Ausbanc para interponer querellas contra todo tipo de empresas e instituciones y exigirles luego grandes sumas de dinero a cambio de retirarlas. [37]​ ( Operación Nelson)

Se han producido denuncias de trabajadores y varias víctimas de la presunta trama. Una de ellas es de una de las personas que se sentaba en el banquillo de 'caso Nóos'.[39]

Desde hace unos años, Ausbanc intimidaba con abrir causas judiciales, para lo cual usaba como instrumento ejecutor a Manos Limpias. [41]

2017

El 17 de febrero de 2017, tras 11 años, se conoció la sentencia para los imputados en el Caso Nóos.

  1. Iñaki Urdangarin fue condenado a 6 años y 3 meses de cárcel, 7 años y un mes de inhabilitación especial y a abonar una multa de € 513.553,68.
  2. Diego Torres Pérez recibió una sentencia de 8 años de prisión y multa del tanto al duplo del valor de los bienes blanqueados. Dicha multa tiene un valor de € 689.537,24.
  3. Cristina de Borbón fue sentenciada a abonar una multa de € 265.088,42.
  4. Ana María Tejeiro Losada, esposa de Diego Torres, debe de abonar una multa con una cantidad de € 344.934,31.
  5. Finalmente el tribunal decidió absolver de los delitos de los que estaban acusados a:
    1. Miguel Tejeiro (absuelto por la retirada de la acusación)
    2. Marco Antonio Tejeiro Losada
    3. Luis Lobón Martín
    4. José Manual Aguilar Colás
    5. Jorge Vela Bargués
    6. Elisa Maldonado Garrido
    7. Mercedes Coghen Alber
    8. Alfonso Grau Alonso
    9. Salvador Trinxet Llorca

2018

El 12 de junio de 2018 se publica la Sentencia firme del Tribunal Supremo. [43]​ Los medios de comunicación publicaron cuadros explicativos sobre los condenados y sus penas que ya son firmes. [44][45]


Estas son las condenadas recogidas en la Sentencia de la Sala II del Tribunal Supremo:

  1. Iñaki Urdangarin: Condenado a 5 años y 10 meses de prisión
  2. Diego Torres Pérez: Condenado a 5 años y 8 meses de prisión.
  3. Jaume Matas, expresidente de Baleares: condenado a 3 años y 8 meses de cárcel.
  4. Cristina de Borbón: condenada a pagar 136.950 euros
  5. Ana María Tejeiro Losada, esposa de Diego Torres: condenada a pagar 172.550 euros.
  6. José Luis “Pepote” Ballester, ex director general de Deportes de Baleares: Condenado a 15 meses y dos días de prisión, sustituibles por multa.
  7. Gonzalo Bernal, el exgerente de Illesport: Condenado a 15 meses y dos días de prisión, sustituibles por multa.
  8. Juan Carlos Alía, exdirector del Instituto Balear de Turismo (Ibatur): Condenado a un año y dos días de prisión, sustituible por multa.
  9. Miguel Ángel Bonet, el exsecretario de Ibatur: Condenado a un año y dos días de prisión, sustituible por una multa.